Codere inicia arbitraje internacional contra Panamá por salas de juego
Codere América notificó a Panamá una controversia de inversión vinculada a presunta inacción regulatoria sobre salas competidoras
La disputa coloca al regulador panameño del juego bajo escrutinio internacional de inversión en un momento sensible para el sector de juegos de azar del país, donde operadores con licencia, salas de juego, apuestas online y fiscalización regulatoria ya enfrentan mayor atención política y legal. Para Codere, el reclamo se centra en si el marco local ha protegido su inversión y garantizado condiciones equitativas en un mercado donde opera activos relevantes como el Hipódromo Presidente Remón y Crown Casinos.
Grupo Codere, a través de su filial Codere América, notificó formalmente a la República de Panamá el inicio de un proceso de arbitraje internacional de inversión contra la Junta de Control de Juegos (JCJ), según reportó el diario panameño Metro Libre. La controversia legal se sustenta en el Acuerdo para la Promoción y Protección Recíproca de Inversiones suscrito entre España y Panamá.
De acuerdo con los argumentos de la compañía, la JCJ habría incurrido en un presunto “incumplimiento institucional”. En el documento citado por medios locales, Codere acusa formalmente al ente regulador de “actuar de forma arbitraria y permitir la operación ilegal de salas de juego competidoras”, afectando el desarrollo equitativo del mercado local.
Asimismo, la empresa multinacional alega que la institución actuó “sin neutralidad y en desacato a un fallo previo de la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia”. Dicha resolución judicial habría declarado ilegales las nuevas salas de máquinas tragamonedas tipo A, una medida que, según Codere, no ha sido acatada por las autoridades correspondientes.
El tratado de inversión entre España y Panamá proporciona el marco citado por la compañía. El acuerdo, firmado en 1997 y publicado en los registros oficiales españoles en 1998, fue diseñado para promover y proteger de forma recíproca las inversiones realizadas por inversores de un país en el territorio del otro.
Tras la presentación formal de la notificación, se abrió un periodo de “negociaciones amigables” entre las partes. Este mecanismo busca alcanzar una solución satisfactoria al conflicto y, al mismo tiempo, proteger la inversión de Codere en el país. Metro Libre informó que la notificación se relaciona con los intereses de Codere en el juego panameño, incluidos activos como el Hipódromo Presidente Remón y la cadena Crown Casinos.
Codere Panamá indica que inició operaciones en el país en 2005 y que desde entonces se ha consolidado como operador líder del sector de juegos de azar. La compañía afirma que gestiona en Panamá una amplia gama de negocios que incluyen terminales de juego, casinos, salas de apuestas, el Hipódromo Presidente Remón y, desde 2021, apuestas deportivas y casino online.
La controversia también alcanza el rol de la Junta de Control de Juegos, organismo panameño encargado de regular y supervisar los juegos de suerte y azar. Reportes locales sobre el caso describen a la JCJ como la entidad pública responsable de fiscalizar actividades que incluyen casinos, bingos, rifas y apuestas online en Panamá.
Para el mercado de juego panameño, el caso podría adquirir relevancia más allá de las operaciones propias de Codere. Si la controversia avanza más allá de la etapa de negociación, podría poner a prueba cómo interactúan las obligaciones de protección de inversiones con la fiscalización del sector, las decisiones judiciales, los reclamos por competencia ilegal y la supervisión del regulador sobre salas autorizadas y no autorizadas.
La notificación arbitral llega en un momento en que Panamá también actualiza su marco de juego responsable y apuestas online. Medidas legislativas recientes han introducido nuevas obligaciones sobre prevención y control de la ludopatía, plataformas digitales, verificación biométrica y fiscalización, señalando un cambio regulatorio más amplio en el sector de juegos de azar del país.
