Acusan a Carlos Alonso de malversación en tasación de los casinos tinerfeños
El grupo Podemos ha presentado una denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción contra el presidente del Cabildo de Tenerife, Carlos Alonso (CC), “por supuestos delitos de prevaricación y malversación en la tasación realizada para la venta de los tres casinos públicos insulares: Playa de las Américas, Santa Cruz de Tenerife y Puerto de la Cruz, todos ellos propiedad de distintas sociedades mercantiles controladas al 100% por la Corporación insular”, reportan los medios locales
La denuncia también ha sido presentada “contra el director insular de Hacienda, Juan Carlos Pérez Frías, y los miembros del Consejo de Gobierno insular que han aprobado el inicio del proceso para la venta de los casinos”, explicó Julio Concepción, de Podemos y miembro del consejo de administración de Casinos de Tenerife.
Concepción destacó que Casinos de Tenerife es la “joya de la corona” debido a que cada dos años da cinco millones de euros en beneficios, y agregó que al sacar a la venta las instalaciones por 24,9 millones de euros se podría causar un daño patrimonial de casi 19 millones de euros al patrimonio insular.
El representante de Podemos dijo que “esos 24,9 millones de euros se podrían amortizar en diez años, y de ese modo las más de 150 familias que dependen de Casinos de Tenerife mantendrían sus empleos estables y de calidad”. Añadió Julio Concepción que “la denuncia se acompaña del dictamen de un economista que establece que la valoración que el Cabildo de Tenerife ha usado como base para la licitación es muy inferior a la que se debería tener en cuenta”.
En el informe también se señala que se han inflado los gastos de los casinos para así reducir su valor, y que esa acción se ha llevado a cabo de forma injustificada.
El valor de los casinos se establece en 43.797.200 euros en el informe, con lo que el daño patrimonial podría ser de 18.692.200 euros.
También habló Agustín Melián, representante de UGT en Casinos de Tenerife y quien acusó a Carlos Alonso de “orquestar” una venta que puede ser una merma de más de 18 millones de euros para el erario insular, recordando que el sindicato “ha presentado un recurso contencioso administrativo contra la decisión de vender los casinos, y que llegarán hasta las últimas consecuencias”.
